La creciente morosidad en el pago de condominios está generando una presión sobre las finanzas de las comunidades residenciales en el país, al punto de abrir la posibilidad de desalojos judiciales. Así lo advirtió la abogada Tibaire Altuve en una entrevista a Unión Radio.
Según explicó, el incumplimiento sistemático de los pagos mensuales, sumado a la violación de normas internas de convivencia, puede activar mecanismos legales para que una comunidad organizada solicite ante los tribunales la venta forzosa del inmueble.
«La morosidad recurrente, además del incumplimiento de otras obligaciones, pudiera dar pie a la máxima sanción: que la comunidad, con al menos el 75% de los votos favorables, acuda a un tribunal para pedir la venta del inmueble», precisó.
Aunque no existen estadísticas oficiales sobre el monto promedio de las cuotas, Altuve estima que estas oscilan entre 20 y 600 dólares, dependiendo de la ubicación. «Lo que sí sabemos es que la morosidad ronda el 40%, y eso sí lo podemos medir», indicó.
Este nivel de impago ha limitado seriamente la capacidad de muchos edificios para costear gastos básicos como mantenimiento de ascensores, sistemas de bombeo, seguridad o limpieza. Esta situación se agrava con la antigüedad de la infraestructura habitacional.
Ante este panorama, Altuve propuso buscar fuentes alternativas de financiamiento, como el alquiler de áreas comunes para eventos, el uso de piscinas para clases de natación, o la colocación de publicidad en espacios estratégicos.
Además la especialista subrayó que muchos conflictos también están asociados a problemas en la convivencia, como ruidos o actitudes agresivas hacia otros vecinos. «El desalojo no solo aplica por deuda, también por conducta incompatible con la vida en comunidad», puntualizó.
