El sector pesquero industrial del país expresó su rechazo ante el abordaje irregular realizado por la Armada de Estados Unidos a una embarcación venezolana en aguas territoriales. El incidente ocurrió el 12 de septiembre, cuando el buque pesquero Carmen Rosa fue abordado por el destructor misilístico USS Jason Dunham a unas 48 millas náuticas al noroeste de la isla La Blanquilla, dentro de la zona económica exclusiva de Venezuela.
Salvatore Passanisi, representante de la pesca industrial en el estado Anzoátegui, criticó la acción como una violación de la soberanía nacional y del derecho internacional marítimo. Agregó que el abordaje es un atropello no solo a la soberanía, sino también a la seguridad de los trabajadores, quienes se dedican a una actividad completamente legal y esencial para el bienestar del pueblo venezolano.
La Asociación de Pesca Industrial, que agrupa a 245 embarcaciones y genera más de 27,600 empleos en el país, manifestó su preocupación por el creciente riesgo que enfrentan los pescadores venezolanos debido a estas acciones. Según el gremio, el abordaje realizado por 16 marinos fuertemente armados fue innecesario y puso en peligro la integridad física de los pescadores.
En cuanto a la supuesta paralización de la pesca, Passanisi recalcó que, si bien muchas embarcaciones permanecen en puerto, la actividad pesquera sigue en marcha. En mayo, el sector acordó con el Ministerio de Pesca realizar pruebas piloto para evaluar la viabilidad de operar con los precios actuales del combustible, que es de 0,43 centavos por dólar. Sin embargo, el gremio no ha sido capaz de cumplir con ese precio.
Antonio Piñango, miembro del gremio, instó a las autoridades nacionales e internacionales a tomar medidas para evitar que hechos como este se repitan. De acuerdo a Piñango, cualquier abordaje a embarcaciones venezolanas debe cumplir con los procedimientos establecidos por la Asociación Marítima Internacional, la cual requiere una solicitud formal a las autoridades del país para llevar a cabo dicha acción.
Además, hizo un llamado a la Comisión Interamericana del Atún Atlántico para que intervenga ante las constantes violaciones a los derechos de las embarcaciones, que realizan su labor en cumplimiento de las normativas de pesca. «No nos amedrentaremos por ningún tipo de abordaje, los vamos a denunciar las veces que se presente esta situación y vamos a seguir cumpliendo con la soberanía alimentaria del país», concluyó.